El artículo analiza el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en América latina en la construcción de normas, prácticas e instituciones internacionales para delimitar las obligaciones de las empresas transnacionales con los derechos humanos. El proceso del TPP impulsa la coordinación transfronteriza de un conjunto amplio de actores sociales vinculados a los abusos causados por las empresas en distintos países de la región. Constituye una dinámica de regionalización 'desde abajo' que permite la articulación y convergencia de discursos críticos sobre la responsabilidad de las empresas y poderes públicos en un marco de globalización productiva y financiera. El TPP interviene como instancia mediadora entre dos procesos interrelacionados: la movilización social transnacional en reclamo de derechos y ciudadanía, y de construcción de consensos y de nueva institucionalidad global para la regulación de grandes empresas y sus inversiones.