La seguridad social es un campo de política de suma relevancia en la agenda nacional desde 2003, por la importancia de las reformas emprendidas y su impacto en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, poco se han investigado las tensiones entre un discurso que permanentemente reivindica el rol del trabajo registrado remunerado como puerta de acceso a la seguridad social y una práctica que ha incrementado la cobertura vía prestaciones semicontributivas y no contributivas. El resultado sigue siendo un universalismo estratificado, que cubre a la mayor parte de la población, pero con prestaciones de diversa magnitud y distintas condiciones de acceso. Así, del discurso kirchnerista surgen dos visiones opuestas, que a su vez no coinciden con el patrón de sus políticas de seguridad social: la noción de universalismo a secas, como derecho de ciudadanía y la idea de un rol hegemónico del empleo registrado en la protección social. El presente artículo analiza el discurso oficial y la práctica en materia de seguridad social, del período que inicia en 2003, señalando estas tensiones y sugiriendo algunas pistas acerca de su origen así como de las implicancias que se desprenderían de distintos tipos de resoluciones de las mismas. Haciendo foco en la protección a la población adulto mayor y a la niñez, los componentes más dinámicos, pero mostrando asimismo la falta de avance en otros campos de la seguridad social, tales como la atención de las personas desempleadas y la cobertura de los riesgos de trabajo.