En los últimos treinta años, el financiamiento de las universidades nacionales ha sufrido constantes variaciones, signadas en gran parte, por el progresivo achicamiento de la inversión pública en Educación Superior. Particularmente, en los años ’90 se produce un doble movimiento en las universidades nacionales: por un lado, un constante aumento de la demanda (matrícula) y de la oferta (apertura de nuevas universidades y carreras en las universidades existentes). Al mismo tiempo, se reduce el gasto público en el sector, provocando su progresivo deterioro. Asimismo, y sobre todo a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, se intentan introducir criterios de eficiencia en la asignación del gasto. Para ello, se pretendía pasar del modelo tradicional de asignación de recursos a las universidades basado en el modelo histórico, a otro que introdujera criterios de eficiencia y objetividad. Sin embargo dicho modelo no logró materializarse, sobre todo por la falta de acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y los representantes de las universidades nacionales, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional. En el año 2005, con la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, la tendencia a la desinversión en Educación Superior comienza a revertirse. Asimismo, se logra avanzar en acuerdos que permiten introducir algunos criterios de objetividad en la distribución de los recursos públicos entre las unidades académicas nacionales. A pesar de ello, el modelo histórico predomina como principal eje que guía la distribución de la inversión pública nacional entre las universidades públicas.