Pensar la sociedad como conflictiva implica pensar “el orden” como producto de una continua tensión entre coerción y consenso. Pues si bien el ejercicio del control social sanciona, también tolera ilegalismos que cumplen funciones de reproducción de las desigualdades sociales. Así se sustentan altos niveles de impunidad de quienes participan en aquellos delitos que tienen consecuencias sociales nocivas, principalmente el Delito Económico Organizado (DEO). El sistema de salud de la Argentina no escapa a esta lógica. Este ha sido un espacio privilegiado para que ciertos poderes maximicen sus intereses particulares. Es por ello que creemos pertinente describir y analizar cuáles son los legalismos que se han generalizado en el sistema de salud de Argentina - específicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires- cómo se producen, que actores están implicados en ellos y su relación con el DEO.