El presente trabajo se contextualiza dentro de una investigación conjunta que viene realizándose desde el año 2008, entre investigadores del GESPyDH y el Comité Contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provincial por la Memoria, en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). De la investigación mencionada surge que entre las prácticas del gobierno que adopta el SPB, en el marco de la administración de sus penales, emerge el traslado de personas detenidas. Es clave dar cuenta que en su normativa , el SPB indica que hay dos formas de traslados. En primer lugar los que se dan dentro de una unidad penitenciaria: cambio de pabellón, traslado a escuela, trabajo o sanidad -atención médica-; y en segundo término aparecen aquellos extramuros que por lo general son traslados de una unidad penitenciaria a otra o un comparendo judicial. Hablar de 'trasladar presos' entre penales supone que un cambio de unidad penitenciaria tiene que ver con un cambio de régimen, un acercamiento familiar o una reubicación. Sin embargo, fruto de las inspecciones que realiza el CCT, es posible observar que un gran porcentaje de traslados intercarcelarios dentro del SPB no se inscriben en peticiones de los presos ni de los juzgados sino que responden a una lógica de gobierno que implica un movimiento permanente en parte de su población encarcelada. Fenómeno que debe ser tenido en cuenta, cuando pretendemos explorar sobre los efectos que en este presente significa disponer del 'cuerpo del otro', 'distribuirlo', 'hacerlo circular' en camiones horas y días, alojarlos en 'depósitos' y volverlos a 'hacer circular'.