Los medios de comunicación han adoptado el término “gatillo fácil”, una categoría acuñada por los organismos de derechos humanos, para referir a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las agencias de seguridad del Estado. Sin embargo, no debemos perder de vista que se trata de una categoría de carácter muy amplio que oculta las particularidades de cada hecho. No son datos menores el estado de servicio del funcionario, las características de la víctima y la actividad que se encontraba realizando cuando el hecho tuvo lugar. Además, no solo se encuentran englobados bajo esta categoría aquellos hechos en los que se utiliza un arma de fuego sino también todas aquellas muertes o daños graves causados por un uniformado de forma ilegal. Quizás encontremos las causas de que aun en democracia se sigan utilizando estos mecanismos ilegales de represión en la importancia que la institución militar tuvo en la construcción del Estado argentino, determinando una percepción del delincuente como “enemigo peligroso” y del quehacer policial como “combate al delito”. La represión preventiva está destinada a un control social más que al castigo de faltas o infracciones a la ley. Al decidir quien o quienes son sujetos pasibles de ser reprimidos la policía y a otras agencias de seguridad ejercen un criterio de clasificación las personas y la vida que produce un sistema de jerarquías y reproduce la desigualdad social. Mas allá de la ambigüedad que el término “gatillo fácil” presenta permite observar la relevancia del arma de fuego en las representaciones que circulan socialmente sobre la policía. En efecto, el arma- una herramienta con la que cuentan los funcionarios- no sólo tiene poder real de causar daño físico, o la muerte; además está cargada con valores y representaciones simbólicas ligadas a la investidura policial y su función de hacer cumplir la ley.