A modo de re-actualización del pacto neo-colonial descrito por Halperin Donghi (1998), Sudamérica emerge como la principal proveedora de soja y derivados (principalmente Brasil y Argentina que aportan el 91,8% de la soja ofertada en el mercado mundial), en tanto Europa y el sudeste asiático (China e India) como los principales consumidores. Esta nueva fase del “pacto” promovió ciertas transformaciones en el sistema agroindustrial argentino desde la década de 1970, entre las que se destaca la mudanza de su perfil de producción agroalimentaria hacia el mercado externo. Dado que los precios internacionales y la demanda externa funcionan como motores para la producción extensiva1, actualmente un porcentaje importante del sistema de acumulación del país gira en torno a la producción rural, principalmente del denominado producto “estrella”: la soja. Consideramos que los individuos, para poder desenvolverse en el mundo que los circunda, tienen que buscar justificativos que avalen sus hechos y acciones. En función de ello nos proponemos como objetivo principal de esta presentación, ofrecer un aporte desde la sociología política que nos permita identificar los argumentos legítimos utilizados para dar forma y sostener el actual esquema de producción del sector que, dotado de legitimidad política, se impone como hegemónico desde la década de 1990. Para ello partimos del presupuesto de que cada modo producción lleva consigo un modo específico de legitimación (y crítica), compuesto por principios y dispositivos específicos (reglas y objetos) que, al tiempo que permiten avalar el accionar de los sujetos lo restringe. En otras palabras, a través de argumentos sólidos y convincentes, los actores implicados (en nuestro caso el empresariado rural) actúan en un orden establecido que es visto como universal, único posible y deseable en la búsqueda de de beneficios individuales y colectivos (Bolstanski, 2003).