El proyecto Río Blanco, ubicado en la provincia del Azuay, sur andino del Ecuador, constituye uno de los pilares fundamentales en la inserción del Ecuador en los mercados internacionales mineros. En este sentido, para el Estado ecuatoriano ha resultado imperativo su puesta en marcha. Con este fin se han desplegado en los territorios y las poblaciones distintas estrategias desde la alianza Estado-empresa minera para disuadir el movimiento de resistencia generado en las poblaciones aledañas a la zona de explotación. Estas estrategias incluyen el control estatal de la red de caminos comunitarios que interconectan múltiples poblados de la región, militarización y policialización del territorio, guerra psicológica, desplazamientos forzosos y quemas de viviendas y judicialización – criminalización de líderes y lideresas de la resistencia, entre otras. Estas violencias tienen múltiples expresiones en los cuerpos de las personas. Una de las múltiples expresiones de la corporalización de las violencias extractivistas radica en la commoditización de las subjetividades de las personas que han presenciado la inserción de un proyecto minero de gran escala. Este proceso de mineralización de las que, en definitiva, constituyen distintas formas de ver el mundo, parte de la generación de “heridas” en los cuerpos individuales y colectivos e influye sustancialmente en el proceso de resistencia. Estas heridas constituyen el motor de la agencia de los grupos en resistencia que miran las afectaciones en el entorno natural, particularmente en el agua, como afectaciones contra sus propios cuerpos.