El estudio analiza la trayectoria del movimiento político aymara en la década del ’90 en tres etapas: a) CEPI, entre 1990 y 1994, durante la cual el movimiento aymara coopera con el gobierno en la elaboración y posterior aprobación de la nueva Ley Indígena; b) CONADI, en el periodo 1994 – 1999, específicamente la organización de un proceso de sistematización de la “demanda indígena” y la conformación, dirigida por la Corporación a través del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de un referente organizacional que organizara esta demanda, el Consejo Nacional Aymara (CNA), y; c) El Área de Desarrollo Indígena como como nuevo formato de procesamiento y representación de la demanda indígena, en detrimento del mismo CNA. A partir de ello, se plantea la discusión de si efectivamente se trata de un movimiento social, tal como los propios dirigentes lo afirman, o bien de una forma de elite indígena para-estatal, o sea, dependiente de las instituciones estatales y los partidos políticos en ellas presentes. Este aspecto cobra importancia desde la óptica de los alcances que puede tener una política de Estado, específicamente si ésta tiene como objetivo organizar la demanda de un sector de la sociedad y orientar desde instituciones estatales un referente representativo que la canalice ante el mismo Estado. Por otra parte, y en forma complementaria, nos plantea la pregunta respecto a cuan sólida puede ser una estructura de dirigencias de representación que basa su sustentabilidad en los subsidios del Estado para su conformación, mantención y desarrollo.