Preservar la salud es una aspiración y un derecho de todas las personas, permite el desarrollo autónomo con calidad de vida, y la realización de proyectos personales e inclusión social. Pero ¿qué sucede cuando el derecho a la salud depende de un bien social para alcanzar su realización? No basta con poner a disposición del ciudadano el derecho a la salud a través de hospitales generales y alta especialidad ubicados en las grandes ciudades. Es preciso reconocer, las condiciones económicas y socioculturales del entorno que habita el enfermo y su familia, toda vez que la movilidad de las personas de su comunidad de pertenencia y, la permanencia de los acompañantes del paciente, implica diversas problemáticas: la separación del integrante de la familia que acompañará al enfermo; en caso de tener trabajo, la pérdida del mismo y, por lo tanto, la disminución de los ingresos familiares; los recursos económicos necesarios para el traslado del paciente y la persona responsable; y el pago permanente por la subsistencia del acompañante, mientras el enfermo sana, entre otros. Lo anterior, supone dos condiciones para el paciente y su familia. Primera, contar con el derecho a la salud –de acceso universal– y, segundo, tener los bienes sociales necesarios (dinero) para que la realización de la primera condición se lleve a cabo. Si esto no sucede, estamos frente a un problema de injusticia y desigualdad social, expresado en formas como la fragmentación familiar y comunitaria, generado por el “condicionado” acceso al derecho a la salud en México.