La reforma energética que se impulsó en México en el 2013 promovió las actividades extractivistas en materia energética en la región sur del país (estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz), una región rica en recursos naturales. El desarrollo de proyectos como presas hidroeléctricas, parques eólicos, pozos de hidrocarburos forman parte de un modelo de acumulación que propicia que empresas y gobiernos disputen los territorios indígenas en donde se instalarán los proyectos, expulsando a sus habitantes para imponer sus intereses económicos por encima de los modos de vida de los pobladores locales. Se realiza el análisis desde una crítica a la colonialidad que ubica los procesos dominación y despojo a los que están supeditadas las poblaciones étnicas, retomando la resistencia social como la capacidad de los indígenas para modificar su realidad y condiciones de vida. La metodología muestra las potencialidades de la acción colectiva frente a los procesos de despojo y la devastación ambiental de los proyectos energéticos, tomando al territorio como un espacio de análisis. La resistencia a los proyectos energéticos forma parte de uno de los procesos emergentes de los movimientos indígenas y campesinos: la defensa comunitaria del territorio, en la que están adscritos una serie de conflictos que enfrentan una fase agresiva del capital (despojo para la acumulación), que mediante empresas y gobiernos pretenden apropiarse de bienes naturales que se ubican en territorios indígenas. Se ejemplifican casos en el estado de Oaxaca (contra proyectos hidroeléctricos y parques eólicos) y en Chiapas (extracción petrolera).