La posibilidad de hablar sobre la equidad de género indiscutiblemente es un logro que le ha sido otorgada a la sociedad por parte de los diferentes grupos feministas, quienes han venido luchando durante años para que esta temática forme parte de las agendas políticas de los Estados, las desigualdades sociales y culturales a las que las mujeres han sido sometidas históricamente han marcado las formas de interlocución entre el Estado y los grupos progresistas, lo cual no ha permitido que se coloquen sobre la palestra pública políticas en las cuales la perspectiva de género se encuentre abiertamente incluida y sobre todo puestas en práctica. A raíz de la aparición de grupos feministas tras la caída de los gobiernos autoritarios por los cuales tuvieron que pasar varios países de América Latina, se estableció la necesidad de crear un cambio social y equitativo en donde la creación de una estructura política y democrática que visibilice las necesidades específicas de las mujeres se volvió un reto para estos movimientos quienes consideraron de vital importancia la generación de cambios mediante la creación de leyes, políticas y representación. Es importante reconocer que para que exista la voluntad estatal de implementar políticas públicas con perspectiva de género es necesario procesar acuerdos con distintos actores sociales y políticos que apoyen la posibilidad no solo de creación de estas políticas sino de su debida ejecución para lo cual es preciso establecer los objetivos, los recursos, las instituciones y los procedimientos que van a intervenir en la implementación de estas políticas.