La sanción de la ley 26.093 de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles durante el año 2006 dio origen, prácticamente desde cero, a la industria de biocombustibles en la Argentina. Los resultados son elocuentes: la Argentina pasó a convertirse, en diez años, en el principal exportador mundial de biodiesel. Desde entonces, el sector ha gozado desde su origen de un “tutelaje” activo por parte del Estado, a través de una serie de medidas tendientes tanto a potenciarlo en el mercado interno como a protegerlo en el frente externo. Ahora bien, un análisis de la composición sectorial en torno a la industria muestra una alta concentración del proceso productivo en torno a un puñado de grandes plantas, propiedad en su mayoría de conglomerados empresariales oriundos de los sectores más favorecidos de la economía, fundamentalmente empresas aceiteras. Nos proponemos, así, a analizar el desempeño de la industria de los biocombustibles en la Argentina desde su origen hasta el presente, a partir de la contradicción aparente que supone un sector consolidado a partir del sacrificio de cuantiosos recursos públicos en forma de transferencia de ingresos hacia los sectores que participan de una actividad que, desde su origen, está controlada por actores consolidados y centrales en el ciclo de acumulación nacional.