La idea de este trabajo exploratorio es repensar la relación entre Estado y el movimiento LGBT. Partimos de una concepción en términos de Estado ampliado (Gramcsi, 2004; Poulantzas, 1983) a partir del cual la dominación en una sociedad de clases debe ser legitima(da). Por tanto, es fundamental reparar en el lugar que ocupa la violencia estatal en un Estado donde el consenso se conjuga permanentemente con la coerción para garantizar la dominación. Lxs sujetxs sociales que integran el movimiento LGBT interpelan al Estado en términos de reconocimiento y/o disputa por las condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad: “Derechos de ciudadanía”, “garantías contra la violencia y la discriminación” (Figari, 2010). A partir de esto nos preguntamos ¿resulta posible problematizar los términos en que se establecen esas demandas? ¿Qué es lo que se juega en ese reconocimiento? Entendiendo que la intervención estatal se presenta en forma de políticas públicas que garantizan la acumulación y reproducción del capital a cualquier costo (Roux, 2008); y que en tanto el Estado es una forma de una relación social contradictoria, sus acciones y su morfología misma dan cuenta de esa contradictoriedad (Thwaites Rey, 2004), proponemos pensar que la ampliación de derechos en el marco de una “política de inclusión” se lleva a cabo en convivencia con determinadas regulaciones socio-culturales y políticas para sostener estructuras de opresión y dominación.