La actuación del Estado en relación a la vivienda social se inicia a principios del siglo XX en el marco de un acalorado debate acerca de las condiciones de vida de los sectores más humildes. (Dunowicz/Boselli, 2002). Desde ese momento (Ley 4824/05, Comisión Nacional de Casas Baratas) hasta la actualidad, el parque habitacional construido atravesó diversos modelos de gestión, todos con un mismo objetivo: resolver la problemática del acceso a la vivienda digna para todos los sectores de la población. Si bien existió un bagaje normativo e institucional a través del cual se operativizaron políticas de acceso a la vivienda, recién en el año 1994 con la Reforma Constitucional, se incorpora el derecho de acceso a la vivienda y el hábitat es reconocido en Argentina, directa o indirectamente, por un conjunto de normas de jerarquía constitucional. El Art. 14 bis de la Constitución Nacional protege el derecho a la vivienda, del siguiente modo: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la Ley establecerá (…) el acceso a una vivienda digna”. A su vez, desde la reforma constitucional producida en el año 1994, el Art. 75 inc. 22 otorga jerarquía constitucional a un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos que también protegen el derecho a la vivienda”. A esto deben sumarse Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, Observaciones e Informes de la Naciones Unida