El presente trabajo persigue la comprensión de los cambios realizados en materia de políticas de seguridad en Córdoba desde 2015, en relación a su impacto en los jóvenes, fundamentalmente a partir de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana N°10.437, en la cual se acentúan la prevención del delito y se incorpora el concepto de Seguridad Ciudadana que promueve la participación ciudadana en el diseño e implementación de estrategias de seguridad preventiva. Sin embargo, las personas que participan en estos espacios son quienes ya se encontraban incluidos como objeto de protección estatal y se continúa gestionando sobre un concepto acotado de seguridad: el delito contra la propiedad. A su vez, busca prevenir desde la acción policial represiva, sin generar estrategias de inclusión a los sujetos configurados como alteridad, principalmente los jóvenes de sectores populares. Damos cuenta entonces que los cambios en las políticas sociales no producirían modificaciones en las prácticas de los actores intervinientes , y no habilitaría a los jóvenes como sujetos de derechos, sino como objetos de represión. En consecuencia, se concluye que los jóvenes de sectores populares estarían atravesados por la violación sistemática de sus derechos; acompañada por una criminalización de la pobreza por parte de Estado.