A la hora de pretender analizar la responsabilidad civil en torno a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, la indagación respecto al funcionamiento de los miembros del Poder Judicial se vuelve un elemento fundamental. Fueron jueces, fiscales, abogados responsables de accionar a favor del aparato represivo; de rechazar sistemáticamente los recursos de habeas corpus; de cerrar las causas de desapariciones y homicidios sin realizar previamente ninguna tarea de investigación efectiva; de interrogar a personas detenidas ilegalmente; de obligarlas a firmar declaraciones obtenidas bajo torturas; de someter a detenidos a procesos judiciales irregulares armados en su contra; entre otros delitos. Estas distintas formas de accionar a favor del aparato represivo montado desde el propio Estado durante la década de 1970 serán consideradas aquí como formas de colaboración y complicidad por parte de los miembros del Poder Judicial. Dicho lo anterior, en el presente trabajo pretendo, a partir de un análisis de sentencias judiciales, indagar acerca de cómo presentaron los jueces de los distintos tribunales las diversas maneras en que los miembros del Poder Judicial colaboraron con el plan sistemático de exterminio. Este objetivo me permitirá posteriormente comenzar a comprender la implicancia en términos de memoria social del juzgamiento y condena de civiles por sus crímenes durante el terrorismo de Estado, bajo la figura jurídica de delitos de lesa humanidad.