Las políticas públicas de energías renovables tienden a producir mejoras en la seguridad energética de los países y a proporcionar beneficios sociales a su población, en términos de oportunidades de desarrollo económico a través de la creación de trabajos directos durante las etapas de construcción y mantenimiento de los parques y/o plantas o mediante la obtención de ingresos por la renta de terrenos, el acceso a créditos o microcréditos para emprendimientos en las comunidades locales. En el caso específico de las mujeres, podrían tener acceso a nuevas posibilidades de trabajo, generación de ingresos, formas de participación asociativa/cooperativa o mejoras en su salud y su seguridad debido al aumento de la calidad energética. Sin embargo, los proyectos de energías renovables también pueden introducir impactos negativos al aumentar las diferencias dentro de las comunidades beneficiarias, creando o reforzar las desigualdades y los estereotipos de género. El presente trabajo analiza la relación entre género, estado y desarrollo económico, poniendo el foco en las políticas públicas de energías renovables llevadas adelante por el gobierno argentino durante el periodo 2016-2018.