Los recientes cambios normativos en materia de Salud Mental, mediante ley 26.657 y la regulación sobre capacidad jurídica en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, alineándose con los principios internacionales de derechos humanos (Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad) pone de manifiesto una serie de problemáticas y tensiones entre el paradigma clásico y el emergente modelo social que se exteriorizan en las medidas que toma el poder judicial. A partir de dicho fenómeno, es menester analizar cómo los operadores jurídicos reciben, aplican, ignoran o resisten la aplicabilidad de la nueva condición jurídica de los actores. Para ello, el abordaje socio-jurídico implica una oportuna nueva mirada en la materia, para determinar cómo se traduce la mencionada legislación inclusiva en las resoluciones judiciales, prácticas institucionales y en el accionar de los operadores jurídicos del sistema de justicia. De este modo, daremos cuenta no sólo de la eficacia o vigencia jurídica de determinadas instituciones en los fallos y decisiones del poder judicial, sino también identificar las conductas y acciones de los agentes y funcionarios del sistema de justicia en tanto estas sean de resistencia o promoción del cambio.