En el año 1979, se aprueba el Plan Laboral de la dictadura diseñado por el Ministro del Trabajo de la época, José Piñera. Según Daniel Núñez (2004), esta nueva legislación laboral buscó terminar con el carácter regulador de las relaciones laborales que tenía el código del trabajo vigente hasta el golpe de Estado. Entre varios otros aspectos, este plan contempló modificaciones al contrato individual de trabajo, permitiendo el libre despido del empleador sin expresión o justificación de causa, se estableció el carácter voluntario de la afiliación sindical, se restringió la negociación colectiva y se limitó el derecho a huelga. Las políticas laborales de la dictadura de manera intencionada y sistemática fueron debilitando al movimiento sindical y con ello, perjudicaron de una manera sin precedentes a todas las trabajadoras y trabajadores del país. Esto también significaba que con la vuelta a la democracia en el año 1990, habría mucha tarea por hacer para intentar revitalizar al movimiento sindical en función de todas las pérdidas que había padecido en el período político anterior. Después de 24 años de haber retornado a la democracia, el segundo programa de gobierno 2014 – 2018 de la actual presidenta Michelle Bachelet, iniciaba su sección dedicada al “Trabajo” con el siguiente encabezado: “el trabajo no puede ser visto sólo como un factor de producción, ni el trabajador como un mero consumidor. Un trabajo de calidad, un trabajo decente, es mucho más que eso: es fuente de dignidad personal; de desarrollo y estabilidad de las familias chilenas; de paz en la comunidad; de credibilidad de las políticas públicas y privadas y en definitiva de la gobernanza nacional”. En función de esta declaración, en el mes de diciembre de 2014, el ejecutivo envió al Congreso chileno el Proyecto de Reforma Laboral que debía hacer realidad las aspiraciones y objetivos antes declarados. Esta reforma, y según el mismo gobierno, tenía un foco en el: “fortalecimiento y modernización de las relaciones laborales y derechos colectivos”, y consideraba dos grandes ejes: 1. Ampliar y mejorar la calidad de la Negociación Colectiva, promoviendo relaciones laborales basadas en el diálogo, la cooperación y el equilibrio entre las partes y 2. Fortalecer la participación sindical, promoviendo un movimiento sindical representativo y de calidad que contribuya al desarrollo del país, de las empresas y de los trabajadores y trabajadoras. Dado lo anterior, el objetivo principal de la presente ponencia está relacionado con el reflexionar sobre la recientemente aprobada reforma laboral y el impacto que podría tener en las bases de poder del sindicalismo chileno, en los aspectos de tasa de sindicalización, cobertura de la negociación colectiva y contribución efectiva a la democracia del país.