En 1991, dentro del proceso de creación de una nueva constitución política para Colombia, se decidió implementar la fórmula de Estado Social de Derecho como un principio fundante de la nación. Este ha sido el resultado de diversas reformas que han vivido los Estados en los últimos siglos. Se parte del liberal o Estado de derecho, y se pasa por la búsqueda de uno democrático y de uno social. De esta manera, se puede visualizar el Estado Social de Derecho como la convergencia de los derechos civiles y de libertad, de los derechos políticos y de los derechos sociales, en un único modelo que busque su satisfacción efectiva. A pesar de que en la Constitución colombiana se presenta como un principio fundante del Estado, en la realidad social del país se presentan situaciones que contrarían los presupuestos de este modelo Social de Derecho. En situaciones como éstas, la Corte Constitucional se ha visto en la obligación de intervenir, con el objetivo de analizar los parámetros dentro de los cuales el Estado debe propender por la materialización del principio del Estado Social de Derecho. Uno de los aspectos más importantes que ha tratado el Tribunal Constitucional, ha sido con respecto a los derechos sociales o prestacionales. Al tratar este tópico, la Corte ha dado especial importancia a la labor del juez en la protección de estos derechos, especialmente al juez constitucional cuando se trata de acciones de tutela. En esta ponencia, se realizará un breve recuento de lo que conforma un Estado Social de Derecho como el colombiano, pues resulta sumamente importante entender correctamente la figura. Posteriormente se explicará la manera en que la Corte Constitucional colombiana la ha definido y, especialmente, cómo ha desarrollado los derechos sociales y su protección, en el margen de la Constitución de 1991. Por último se dará cuenta de la incidencia que ha tenido la participación de diversos grupos sociales, en el fortalecimiento de este tipo de derechos, en el contexto colombiano.