La regulación del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad o policiales al interior de un territorio nacional se convirtió en tema de investigación y preocupación de diversos actores a nivel mundial. Si bien el uso de la coerción y la fuerza son elementos cuasi constitutivos del Estado siguiendo a Weber “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima.”, ahora cómo se traduce esta actuación estatal mediada por sus fuerzas policiales en acciones que trascien­dan el clásico “policiamiento” de la seguridad hacia conceptos de prevención social y situacional del delito y la violencia. Entonces este trabajo se propone analizar la condición de posibilidad de implementar políticas públicas en materia de seguridad en la relación e interacción social de las fuerzas policiales y la ciudadanía dentro del paradigma de gestión del conflicto social. Sobré que aspectos debería operar un plan político de gobierno para enmarcar el uso de la fuerza en los principios de legalidad, oportunidad, proporcionalidad, moderación y rendición de cuentas, para alcanzar un uso de la fuerza de manera racional y de respeto de los derechos humanos hacia todos los sujetos. Para el caso argentino en los recientes años de democracia una de las políticas más relevantes fue el establecimiento de la Ley 23.554 de Defensa Nacional (1988) y de la Ley 24.059 de Seguridad Interior (1992), que definieron con claridad la arquitectura y finalidad de los sis­temas nacionales de defensa y de seguridad y fueron exitosas a la hora de garantizar la exclusión del aparato militar de las políticas de prevención y represión del delito al interior del territorio. Ahora bien, intentaremos analizar cómo se llevaron a cabo planes estatales en argentina desde la crisis del 2001 bajo el respeto de los protocolos de actuación propuestos por organismos internacionales como las Naciones Unidas y las teorías que abarcan desde la criminología al estudio de la seguridad. Y, asimismo, qué elementos debieron modificarse para que el paradigma de una seguridad situacional y democrática devinieran en modificaciones al interior de las fuerzas policiales y se arraiguen en un saber hacer racional por parte de los efectivos policiales.