En Uspallata, Mendoza, desde el año 2009 se vive un proceso de fuerte conflictividad socio-ambiental por la potencial instalación de San Jorge, primer proyecto de minería metalífera a cielo abierto que intentó instalarse en la provincia. Esta situación reactivó las manifestaciones en rechazo a la megaminería que, desde 2003, venían produciéndose en diferentes departamentos mendocinos, y se articuló con la creciente conflictividad que ha generado la minería a gran escala en diversas localidades de Argentina. En el caso de San Jorge, el conflicto social recrudeció ante la denuncia, por parte de diferentes profesionales, organizaciones y entidades públicas, de numerosas falencias en el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa. Ante estos acontecimientos, una organización mendocina, Oikos Red Ambiental, demandó a la empresa y ésta, posteriormente, querelló al titular de Oikos por el daño moral que le habría ocasionado. En este trabajo analizamos, a partir de la querella presentada por la empresa, cómo ésta configura a quienes cuestionan su accionar: organizaciones no gubernamentales, asambleas, medios de comunicación alternativos y hasta el mismo estado provincial. Asimismo, nos valdremos de otras documentaciones -presentaciones que la empresa ingresó al expediente de su proyecto, información de su sitio web y noticias de los principales medios de comunicación provinciales- a fin de complementar los aspectos antes destacados y de evidenciar la mirada empresarial hacia otros actores: profesionales, académicos, iglesia, y un consejo de organizaciones ambientales creado por ley con la finalidad de asesorar al poder ejecutivo provincial. El objetivo de este análisis es exponer la estrategia empresaria -en algunos casos acompañada por funcionarios gubernamentales- de deslegitimar a quienes cuestionaron y/o rechazaron el modo en que San Jorge pretendió instalarse en Mendoza. Describiremos cómo la empresa postuló una imagen de “los ambientalistas” opuestos al “desarrollo” y a las posibilidades de progreso económico que ella postulaba, y arremetió discursivamente contra otros sectores, como el científico y el eclesiástico, de gran peso en la opinión pública provincial. Partimos de considerar a este accionar empresarial como una forma de “coerción silenciosa” adaptada a sociedades con una institucionalidad fuerte en materia ambiental, estrategia que se enmarca dentro de los procesos que contribuyen a facilitar la “acumulación por desposesión” que implica el avance del extractivismo sobre los territorios. Destacaremos con especial énfasis la “desposesión simbólica” ejercida, al intentar, mediante ciertos dispositivos -negación, deslegitimación, invisibilización- desconfigurar los modos y las representaciones de vida de los lugares donde estas empresas pretenden imponerse.