Al ataque a la educación pública que comenzó a fines de los ’50, se ha sumado el Estado al tratar de sacarse de encima a estudiantes y docentes en nombre del futuro, la eficiencia y la modernización. La fractura del sistema educativo nacional en los ’90, el presupuesto educativo para las escuelas privadas que supera al estatal en la CABA, etc., son solo dos ejemplos de esta política en nuestro país. América Latina no es ajena a esta situación. Los grandes sistemas educativos latinoamericanos están siendo fracturados con políticas de descentralización que lejos de constituir mecanismos de transferencia de poder a los ciudadanos como se pretende con las escuelas “boucher” en nuestra provincia de San Luis o en Chile, son una fachada de su destrucción. De allí que la lucha por la educación pública debe ser asumida por los educadores populares, hasta por los que la han rechazado en el pasado. La identificación de educación popular con educación no escolar o la educación burguesa antipopular con escolarización, se ha vuelto caduca. Hoy, la universalización de la educación básica se transforma en meta de la educación popular. Hay que volver a definir la educación popular. Hay que crear una nueva didáctica que comprenda tanto los procesos de movilización popular como las actividades educativas entre adultos de las clases populares.