En Argentina durante el año 2009 se promulgó la Asignación Universal por Hijo, una novedosa manera de distribución de recursos para personas en situación de vulnerabilidad social. Este modelo de protección social no-tradicional se enmarca en los llamados \"Programas de Transferencia Condicionada\", pues abarca todos los desocupados, trabajadores no registrados, monotributistas y a las empleadas de servicio doméstico que ganen igual o menos del salario mínimo, vital y móvil. A estos se les asigna un ingreso adicional prefijado por cada hijo menor de 18 años, a cambio de que sus padres se encarguen de que sus hijos sean registrados y accedan a programas públicos de salud y educación. Esta asignación económica alternativa -inédita en la historia Argentina- ha recibido apoyos y cuestionamientos durante sus cinco años de existencia. El presente trabajo busca demostrar que la aprobación o rechazo de la ciudadanía hacia este programa de asignación social depende menos de factores tales como la posición socio-económica de los individuos y más de la influencia ideológica sobre el pensamiento político de los mismos. Para probar nuestra hipótesis trabajaremos con datos de una encuesta realizada en el 2013 por el Taller de Cambio Social de la carrera de Sociología de la UBA.