El juicio político por mal desempeño de funciones al presidente de la República equivale a una moción de censura al Gobierno. La inclusión de esta causal en algunos sistemas presidencialistas dota al legislativo de una herramienta contra el presidente cuya utilización no responde a los criterios de racionalidad y razonabilidad sino al de oportunidad política. Ello se puede traducir en un abuso político de esta figura y provocar un desajuste en la arquitectura institucional, el diseño constitucional, de aquellos Estados que han adoptado el sistema presidencial como forma de gobierno. Asimismo, afecta a la legitimidad del gobernante elegido directamente por el pueblo y que puede ser destituido por el parlamento, y causa la indefensión del presidente que no tiene la facultad de disolver el parlamento, justo al contrario de lo que ocurre en los sistemas parlamentarios, donde la moción de censura se ejerce contra el primer ministro en el que el parlamento depositó su confianza para su nombramiento y se la puede retirar, sin más, a través de la moción de censura. La ilustración de este trastoque constitucional acaeció en Paraguay con la destitución del presidente de la República Fernando Lugo por el Congreso en junio de 2012.