Desde su sanción en 2009, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) ha implicado modificaciones en el mapa de medios argentino no sólo a nivel estructural sino también a nivel simbólico. Es decir que no sólo se ha planteado una reorganización del espectro audiovisual, que toca a grupos mediáticos con injerencia en los diversos formatos y contenidos que se consumen, sino que además ha cuestionado algunas concepciones respecto del ideario sobre la comunicación como negocio, proponiendo una noción de la comunicación como derecho. Habiendo transcurrido más de 5 años la Ley no ha sido aplicada en su totalidad por diversidad de intereses de los actores que entran en juego (Estado, sociedad civil, grupos económicos del sector privado, etc). En este marco resulta interesante analizar el caso de las radios comunitarias, como un espacio-portavoz ciudadano sin fines de lucro que ha logrado reconocimiento y aún así continúa encontrando limitantes para su desarrollo. La propuesta es entonces, valiéndonos de datos cuantitativos proporcionados por organismos nacionales y entrevistas en profundidad a los actores involucrados antes mencionados, analizar por un lado en qué medida se ha implementado la Ley de medios, cuál es la distancia entre la propuesta inicial y las posibilidades de su aplicación y cuáles son los desafíos que surgen en este contexto.