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Desalojos rurales en el contexto del agronegocio. Una aproximación al Delito Económico Organizado
Tomas Ignacio Pareta - Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Antonella Gaudio - Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Jesica Sabatino - Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013.
Dirección estable:
Resumen
El sector agropecuario argentino – como consecuencia de las políticas neoliberales iniciadas a mediados de los ’70 pero que se desplegaron con mayor fuerza durante la década del ’90 – ha asistido a la consolidación del modelo del agronegocio. La modernización agrícola entonces, sustentada en una fuerte tecnificación, apeló a una lógica productiva distinta, orientada al mercado externo y en detrimento de otros tipos de economías como por ejemplo, economías familiares o campesinas, de subsistencia o mixtas. Una particularidad que se encuentra asociada a dicho modelo es el crecimiento del cultivo de soja transgénica y del paquete tecnológico asociado a ella, cuyas modificaciones genéticas permiten un gran aumento de la productividad por su adaptación a diferentes condiciones ambientales. En este marco, tiene lugar la expansión de la frontera agrícola, y por ende, el aumento de las tierras cultivadas y cultivables. En dicho contexto cobra vital importancia dar cuenta del crecimiento en el número de desalojos violentos contra campesinos y comunidades indígenas en Santiago del Estero, vinculado estrechamente con la adquisición de dichas tierras por parte de empresarios y capitales privados. La particularidad de estos conflictos por la tierra es que, ante la resistencia de las comunidades, es frecuente la intervención de grupos armados dependientes de los sectores de poder económico. En muchos casos también se ven involucradas las fuerzas de seguridad de los Estados provinciales, en “defensa de la propiedad privada”, es decir, a favor de los grupos empresarios. La justicia juega un papel no menor, ya que se contraponen diferentes legislaciones e interpretaciones en torno a la propiedad y a la ocupación de la tierra, donde se observa que vez llevadas a instancias legales raramente favorece o protege a los ocupantes originarios. La impunidad jurídica y civil de este tipo de hechos y su naturalización en el plano de la sociedad civil, dan cuenta de que la articulación entre el sector público y privado, lejos constituirse como hechos de corrupción aislados, es la que permite el funcionamiento del sistema mismo; es decir, estas acciones sólo pueden ser posibles a partir de una relación simbiótica entre ambos sectores.
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