El estatuto docente en los márgenes de la politica pública. Lic Roxana Perazza Las condiciones de trabajo de los docentes no fue sólo preocupación del gobierno del Dr. Menen, que en las directrices de su politica educativa incluía una propuesta de profesionalización, sino de la mayoría de gobiernos (democráticos y no democráticos) quienes, con más o menos énfasis, han tratado de incidir y han fracasado en la implementación de medidas concretas. En el período del gobierno militar, acorde a las decisiones de la Junta y de la mano de los procesos de transferencia, se derogó el Estatuto y la aplicación de otras normas. El gobierno alfonsinista estuvo signado por un conjunto de tensiones entre la vuelta a la vida democrática y las presiones de sectores aún comprometidos con los sectores cívico/ militares, entre otras cuestiones, que no le permitieron poner el foco en estos temas y garantizó la restitución de los derechos y obligaciones de los maestros y profesores. En 1994, tras la promulgación de la ley Federal de Educación y en pleno proceso de transferencia de los sistemas escolares a las provincias, el gobierno del Dr. Menen proyectó un conjunto de medidas en relación al puesto de trabajo docente en el marco de la implementación de la ley mientras que el financiamiento de la educación adquiría centralidad en la agenda pública. A partir de la constitución de la Alianza, tras la sanción de la ley de financiamiento y el levantamiento de la Carpa Blanca para garantizar el salario docente, también se tenía “en carpeta” una propuesta que poco se llegó a discutir. Este breve recorrido histórico da pistas sobre las dificultades a la hora de decidir cambios en la norma docente en gobiernos democráticos. En la presente ponencia se abordará esta temática, identificando los nudos críticos a la hora de repensar el puesto de trabajo docente en la historia reciente.