El confinamiento registra sus antecedentes en las penas monásticas del Medioevo tardío, cuando el pecador era obligado a recluirse en lugares alejados a su congregación, garantizando de este modo el cumplimiento del castigo basado en encierro dentro del encierro, soledad, ayuno y frecuentemente, azotes. Esta técnica también se registra en “los encierros administrativos del Rey”, que representaban la muerte del condenado y consistían en encierros por años cerca de las fronteras. Así, el correccionalismo disciplinar encontró en el confinamiento territorial -propio de las sociedades de soberanía- una estrategia para “tratar” a los “delincuentes incorregibles”, para segregar a los “peligrosos incurables”. En nuestro país, si bien en la década del ’40 del siglo XX se cierra el penal de Ushuaia, nada se replanteó respecto de la distribución geográfica del resto del archipiélago carcelario federal en cuanto al sentido que representaba para un proyecto penitenciario de reeducación y reintegración social, las cárceles de Chubut, Neuquén o Chaco, siendo receptoras de gran parte de los detenidos condenados, pertenecientes en su mayoría a zonas urbanas o suburbanas de la Capital Federal o del Gran Buenos. La persistencia de esta distribución geográfica carcelaria en la actualidad, plantea interrogantes respecto de los objetivos político-institucionales que le otorgan fundamento a la pena en este siglo XXI, al tiempo que permite señalar la resignificación de esta técnica de gobierno fundada en el desarraigo y el aislamiento socioterritorial, donde no parece viable el desarrollo de los programas previstos en la ley de ejecución penal y en los reglamentos penitenciarios.