En tiempos de afirmación de derechos indígenas, de conservación del medio ambiente y de extracción de recursos naturales tan importantes para los proyectos de desarrollo económico, Argentina se encuentra inmersa en debates sobre las prioridades del proyecto nacional. Uno de los ejemplos más interesantes de esa afirmación puede tomarse de la Ley Nacional 26.160 – y su prórroga 26.554 – que ordena el Relevamiento Territorial de los territorios que ancestralmente ocupan las Comunidades Indígenas del país. Mientras que en la última década el proceso de reconocimiento en materia de derecho indígena avanzó, en paralelo, políticos y empresarios contribuyeron a la ocupación y desalojo de territorio indígena. El principal objetivo de este trabajo entonces, es realizar un análisis de la aplicación de la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Indígena, de manera análoga al avance de la frontera agraria. Para el caso, se mostrarán las tensiones ocurridas en las provincias más significativas –en números de comunidades indígenas y de producción- del Norte Argentino que son paradigmáticas la hora de examinar el desarrollo agrícola regional traccionado por el cultivo de la soja y las políticas territoriales a la vez. Se trabajará sobre la influencia de dicha ley en cuanto a la participación indígena en sus diversas formas y la influencia que esta agentividad y participación tuvo en la aplicación territorial del Programa. De este modo, a partir de lo expuesto, se intentan mostrar las contradicciones que se desarrollan en el seno del propio Estado –en sus diversas escalas- que alienta la expansión de la frontera sojera, al mismo tiempo que canaliza demandas de sectores sociales relegados otrora por las políticas públicas. Por último, se hace un análisis de coyuntura nacional y local, sobre las instituciones y herramientas legales que tienen como principal tarea, llevar a cabo las políticas públicas indígenas.