Desde los años 60 los organismos financieros internacionales propusieron a los Estados de Latinoamérica con tierras aptas (nos centraremos en Argentina, Uruguay), impulsar la forestación con monocultivos. Así las multinacionales forestales tuvieron vía libre para ‘invertir en el país’ e instalar -o comprar las ya instaladas- las pasteras que harían la manufactura (pasta de celulosa). En tanto, los pequeños productores agrícolas y grupos ambientalistas comenzaron a denunciar la monopolización de tierras y el impacto ambiental de los procesos de producción, por ejemplo el uso de agro tóxicos en zonas pobladas, además de la connivencia del Estado en la no regulación-control, y la instalación de pasteras con residuos contaminantes en zonas urbanas. A partir de la crisis capitalista de 2007, el capital volátil de las multinacionales encontró inversión segura nuevamente en tierra, lo que Harvey llama acumulación por desposesión, por lo cual nuevos emprendimientos de este tipo -cada vez más grandes- tomaron forma, tal es el caso de la compra de cientos de miles de hectáreas y la construcción de la segunda megapastera (la primera es UPM –ex Botnia-, conocida por ‘el conflicto del Río Uruguay’), Montes del Plata en Uruguay desde 2009, por parte de la finlandesa Stora-Enso en asociación con la chilena Arauco. El problema que se plantea es el de un modelo de acumulación de riqueza en pocas manos (sobre todo foráneas) con perjuicios graves (desempleo y contaminación) para la población nativa, en su mayoría de subsistencia rural, y la lucha de los grupos de resistencia para denunciar y hacer saber de este conflicto en un terreno de sentido notablemente dispar. Con el agregado de la novedad de las propiedades del ‘acuífero guaraní’ y la energía a partir de la biomasa exaltada en Río+20, los cuales plantean un valor agregado acerca de lo que significa la propiedad de los recursos naturales, y el desafío para la protección de estos por parte de los Estados gobernantes.