El presente artículo toma como disparador el supuesto acuerdo general de técnicos y políticos de que una Agencia Metropolitana de Transporte con competencia y alcance interjurisdiccional con plenas atribuciones y unicidad de voz, pueda ser instaurada en el contexto administrativo y jurídico de la región. Discutiremos respecto de la factibilidad de este “ente” tripartito de transporte creado más allá de las disputas coyunturales de los sectores políticos que actualmente detentan el poder en cada jurisdicción, enfocando nuestra atención en el andamiaje de prácticas y políticas de los tres niveles de gestión territorial: Gobierno Nacional, Provincia de Buenos Aires y sus municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus comunas. Iniciaremos nuestro recorrido planteando como eje del debate el derecho a la movilidad urbana de personas, fundamento último y central de cualquier iniciativa de transporte. Este paradigma de la movilidad nos permite estudiar el transporte alejado de su confinamiento técnico-ingenieril o como mera subespecialidad de la geografía. La movilidad caracteriza casi todas las actividades humanas, desde salir de la cama en la mañana e incorporarse a la vida mundana de todos los días, hasta las connotaciones más comunes del movimiento: el reconocimiento de “viajes” bajo la noción de origen y destino, herramienta que si bien permite mensurar al mismo tiempo impone una jerarquización de la movilidad urbana. Desde esta postura trataremos de contestar la pregunta del título.