A inicios de la década del 90 en Argentina, los servicios de transporte ferroviario de pasajeros del AMBA fueron transferidos a operadores privados para su explotación. Con base a un esquema que proyectaba combinar servicios eficientes, tarifas económicas y menor subsidio, se dotó al modelo de un carácter híbrido cuya viabilidad quedó atada al cumplimiento de obligaciones mutuas entre Estado y concesionarios. Coherentemente con la orientación de la alianza social que detentó el gobierno del Estado durante la década, la lógica de la regulación estatal fue hiperfuncional al interés de los concesionarios, condición que posibilitó la conformación de un ámbito privilegiado de acumulación en el sector. A partir del año 2003 una nueva alianza social asumió el gobierno del Estado y se inició una etapa de profundos cambios, entre los cuales se destacó un replanteo de las relaciones entre el Estado y las empresas privatizadas. Sin embargo, en lo que a los trenes urbanos respecta, las transformaciones introducidas en la forma de organizar socialmente su prestación, convocan a un conjunto de interrogantes: ¿Cuáles son las continuidades y rupturas en relación a la dinámica del modelo durante el período previo? ¿En qué medida, el sector permanece constituido como un ámbito privilegiado de acumulación? En esta ponencia se abordan estos interrogantes a partir de un análisis de las principales relaciones estructurantes del sistema de trenes urbanos para el período 2002-2010, con base al uso de distintas fuentes secundarias (documentos oficiales, normativa del transporte, subsidios al sector) y primarias (entrevistas a informantes clave).