En 2009 el Congreso aprobó una ley de servicios de comunicación audiovisual que reemplazó al decreto-ley de radiodifusión promulgado durante la última dictadura militar casi 30 años antes. La nueva norma configura las bases que permitirían pasar de un sistema de medios basado en la noción de la comunicación como mercancía que privilegia a los prestadores privados del servicio, a otro sustentado en la noción de comunicación como bien social y derecho humano que reconoce a tres sectores –privado, estatal y social- como prestadores. Este cambio en la legislación en comunicación se fundó en la propuesta de una articulación de organizaciones de la sociedad civil (la Coalición por una Radiodifusión Democrática) y se produjo en un inédito marco de enfrentamiento con las empresas de medios y de debate y movilización social en torno al tema. Sin embargo, apenas una década antes, existían en el país escasas experiencias de otro tipo de comunicación no masiva ni comercial y, si bien las primeras demandas de democratización de las comunicaciones habían surgido a mediados de los 80, los actores sociales no habían logrado aún articularse en torno a ellas. ¿Cuáles fueron las transformaciones producidas en el campo comunicacional durante esa década que configuraron las condiciones de posibilidad para implementar este cambio en las políticas comunicacionales? En este trabajo analizaremos este proceso con particular énfasis en las prácticas y tomas de posición de las organizaciones de la sociedad civil que intervinieron en comunicación en esos años, en relación con las empresas mediáticas y el Estado.