En la Argentina tras la impronta neoliberal de los últimos 30 años, el Estado pretendió retirarse de sus funciones de integración social, delegando hacia la gestión privada los elementos básicos de protección social, esenciales para asegurar niveles adecuados de integración de los individuos a los intercambios sociales, económicos y simbólicos. Hoy, la situación de “acceso” a la ciudad de amplios sectores sociales se ha agravado. Las actuales políticas públicas centradas sólo en la construcción de viviendas, poco aportan por estar desarrolladas en un marco de predominio de los mercados en la configuración del espacio urbano. Precisamente el gran embate sobre las ocupaciones de suelo e inmuebles que se registra, como consecuencia de la apreciación del suelo y el aumento de prácticas discriminatorias, evidencian la gravedad del problema. La participación ciudadana en la generación de políticas de inclusión, su implementación y control, es una precondición para mejorar a corto plazo la calidad de vida de las personas en situación o riesgo de exclusión y para afirmar sus derechos. La función social de la ciudad no es aún un concepto incorporado en la gestión urbana local. No hay una construcción institucional que reconozca el derecho a la ciudad y lleve adelante políticas en torno a este derecho. A la luz de las in-acciones de la política de vivienda aplicada en la Ciudad de Buenos Aires, nos proponemos hacer una lectura de la misma desde el derecho de acceso a la ciudad y el derecho al hábitat como derechos humanos universales.