La presente ponencia presenta las primeras indagaciones que forman parte de una investigación más amplia, que tiene por objeto analizar la implementación de una política federal, dirigida al nivel secundario, en una jurisdicción específica, como lo es la provincia de Buenos Aires. Esa investigación se ubica en el terreno constituido por los estudios sobre política educativa, en diálogo con dimensiones de análisis que provienen tanto de la historia de la educación como de los estudios sociológicos sobre los procesos educativos. El paradigma desde el cual se piensa este trabajo concibe a la educación como un derecho social fundamental e inalienable de las nuevas generaciones, que demanda al Estado -como lo dicen las legislaciones vigentes en nuestro país en materia educativa[1]- en tanto garante de ese derecho y responsable de construir el entramado institucional necesario para esa tarea, incorporando en muchos casos a nuevos actores institucionales y generando cambios en algunas prácticas pedagógicas, a los efectos de implementar políticas educativas determinadas, que interpelan desde este punto de vista, el campo escolar. Este enfoque, que parte del derecho a la educación, proporciona una perspectiva de análisis cuya definición representa una construcción social, política, histórica e institucional. Una de las características de este paradigma hace especial referencia a concebir el “derecho social” como ese tipo de derecho que no se cumple por su sóla enunciación sino que requiere de un entramado de políticas que se condicionan mutuamente. Esto podría ser explicado por la presencia del Estado como un fuerte articulador de la vida cotidiana, tomando como parte de los temas que debe atender, aquellos relacionados con los sujetos a partir del momento en el que nacen. Se podría pensar ese entramado conformado por políticas económicas, sociales, laborales, de seguridad social, de salud, alimentarias, educativas, entre los campos que más se destacan. Con estas consideraciones se ha realizado un recorte, a los fines del análisis, que busca describir en sentido amplio, el mapa de las políticas federales destinadas para el nivel secundario en el período 2007-2015, tanto las propiamente “pedagógicas” como aquellas que buscan generar mejores condiciones para la escolarización, por ejemplo la Asignación Universal por Hijo o el plan Progresar. Luego de esta caracterización, se ha decidido seleccionar, para poder avanzar en una descripción más pormenorizada del proceso de implementación de una política específica en la jurisdicción: los Planes de Mejora Institucional (en adelante PMI), en tanto política federal dirigida al nivel de educación secundaria, que busca mejorar las condiciones de escolarización de los alumnos por medio de la promoción de proyectos institucionales específicos para las materias que presentan mayores dificultades. [1] Ver Ley de Educación Nacional N° 26206/06, Ley Provincial de Educación N° 13688/07.