La exigencia de responsabilidad es una función específica objetiva de cualquier sistema político. La responsabilidad política tiene que ver con la legitimidad del sistema político y con su capacidad para ser aceptado e interiorizado como válido por las conciencias de los gobernados por él. La responsabilidad política se suscita a partir de hechos, y el conocimiento de estos hechos es el propio de las sedes o instancias en las que debe dirimirse la imputación de responsabilidad. Con una única salvedad: la judicial. La responsabilidad política es enteramente distinta de la responsabilidad criminal. Se trata de responsabilidades compatibles y eventualmente agregables, sin que por ello pierdan su respectiva identidad. Pero como el primer objetivo de quien incurre en responsabilidad política es eludirla, el mecanismo clásico de elusión de los políticos es tratar de convertirla en una consecuencia de la responsabilidad penal, lo que en principio aplaza la exigencia de la primera y además le niega autonomía. Quienes así argumentan olvidan que, con arreglo al principio de la división de poderes, el Poder Judicial es la única instancia del sistema estatal donde no debería dirimirse la responsabilidad política, así como fuera del Poder Judicial no puede dirimirse una responsabilidad criminal. Si las instancias adecuadas para establecer la responsabilidad política no actúan, se produce una erosión de esas mismas instancias y del principio de legitimación de las instituciones: el principio democrático en el caso de su débil encarnación en los sistemas representativos. Cuando se pospone la dilucidación de la responsabilidad política al resultado de un proceso penal (sin que el Poder Judicial nada pueda hacer para evitarlo), cuando la exigencia de responsabilidad criminal y su agente, el Poder Judicial (que tiene sus propios ritmos y sistemas probatorios y de garantías) se utilizan como escudo elusivo de la responsabilidad política, se los arrastra entonces al centro de un escenario y a un debate ajenos, de carácter político. Pero esta escenificación política del Poder Judicial puede tener consecuencias desastrosas si se adopta un punto de vista institucional. Los magistrados, los fiscales y sus actuaciones pasan a tener peso político, por obra de la lógica política (y con independencia de su talante, de sus capacidades profesionales y por supuesto de su voluntad). Las decisiones procesales (inclusive las más técnicas) se convierten así en hechos políticamente relevantes y sus autores se transforman en el blanco de ataques partidistas que pretenden descalificar los actos jurisdiccionales como supuestos “abusos de autoridad” que harían (ahora sí) penalmente responsables… ¡a los magistrados judiciales y miembros del Ministerio Público que los adoptaron! Olvidando que fue el propio obrar de los agentes políticos el que obligó a intervenir de esta suerte a jueces y fiscales.