Desde fines del siglo XX en los contextos de lengua inglesa y también en Argentina, los Estados modernos se encuentran frente a un nuevo dilema respecto de las políticas de seguridad. Este dilema, de acuerdo con David Garland, está originado en la normalización de elevadas tasas de delito y en las limitaciones reconocidas de la justicia penal estatal. Esto ha llevado a que el Estado actué de manera esquizofrénica, oscilando entre dos posturas: por un lado, aparecen discursos que reconocen los límites del Estado para el control del delito y asumen que la criminalidad no es algo que pueda controlar por sí mismo, abriendo entonces el juego a estrategias adaptativas de carácter heterogéneo y convocando a nuevos actores e instituciones a participar y responsabilizarse; y por otro lado, como asumir esta limitación pone en jaque el mito del Estado soberano, surgen estrategias de negación con el objetivo de reafirmarlo, que derivan, en muchos casos, en el surgimiento de una especie de populismo punitivo. El objetivo general que guía el presente trabajo consiste dar cuenta de esta “esquizofrenia estatal” en la provincia del Neuquén durante 2008-2015 ya que durante este período el ejecutivo provincial estuvo a cargo del mismo mandatario, Jorge Augusto Sapag (2007-2015), con similares cuadros políticos, y, sin embargo, los planes de seguridad implementados fueron casi completamente diferentes: en el primer mandato, se puso más el acento en técnicas de prevención comunitaria y en la participación ciudadana a través del Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana, mientras que en el segundo, el énfasis estuvo puesto en el Plan Provincial de Seguridad basado en la prevención situacional-ambiental, especialmente a través del patrullaje policial, y en el endurecimiento penal, a partir del intento de reforma de las condiciones que posibilitan la prisión preventiva, sin dejar de lado la participación ciudadana. Desde nuestro punto de vista, esta “esquizofrenia estatal” se explica por las necesidades planteadas por las distintas coyunturas políticas y por la politización y electoralización del problema de la inseguridad, que implica que las medidas referidas al control del crimen comienzan a dirimirse en el contexto de la contienda electoral, surgiendo la necesidad de encontrar medidas efectivas y populares que calmen la ansiedad de los electores. Por último, el enfoque metodológico adoptado es cualitativo, y combina técnicas de investigación documental sobre los registros ligados a la formulación de los programas y los informes de gestión elaborados por los equipos implementadores; sobre noticias periodísticas referidas a las estrategias de prevención del delito implementadas en la provincia durante los años de análisis; y sobre los discursos legislativos impartidos por los gobernadores en el inicio de sesiones legislativas, con entrevistas en profundidad a los funcionarios y técnicos vinculados a su gestión.