La equidad es un tema relativamente reciente en la educación superior en México. Después de poco más de dos décadas de explosión de la matrícula, ésta se introduce en la discusión de las políticas públicas, a partir de los años 90 del siglo XX, como parte de los diferentes indicadores que abarcaba el gran ‘paraguas’ de la calidad de la educación. Para ello, inicialmente, se promueve la creación de programas de apoyos institucionales para los estudiantes de los sectores sociales desfavorecidos, pero con buen desempeño académico. Unos años después, en 2001, se crea Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), hoy becas de manutención, que fue la primer política federal para promover la equidad en este nivel educativo. Hasta ahora, las principales acciones gubernamentales han estado dirigidas a la población de bajos ingresos y a las personas de los pueblos originarios. Sin embargo, existen otros grupos de la población que no han sido atendidos, entre ellos, las personas con discapacidad, las cuales desde hace aproximadamente dos décadas se han ido integrando como parte de la demanda de la educación superior. En esta ponencia, presentamos un análisis de las políticas federales que, en las últimas dos décadas, se han implementado en México para la inclusión de las personas con discapacidad en la educación terciaria. Los resultados nos muestran que, en general, el problema de la discapacidad no ha constituido un asunto relevante para las políticas de equidad en el nivel superior, por el contrario, hasta ahora, la atención del gobierno federal ha estado dirigida hacia la educación básica y la media superior. Las estrategias y líneas de acción, la mayoría de las veces, no tienen un carácter vinculatorio y carecen de una perspectiva clara que abone a la construcción de contextos y prácticas inclusivas. En algunas medidas, como las becas de manutención, la discapacidad se considera un criterio de priorización para otorgar los apoyos, más no como un criterio de elegibilidad, lo cual tiende a desconocer las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad. Finalmente, aunque desde principios del siglo XXI, la inclusión de este sector de la población en la educación superior ha ido cobrando cada vez más importancia , ésta no ha logrado constituirse como una dimensión transversal para el diseño de las políticas a nivel federal o institucional.