Es un consenso establecido para la historia argentina que la adquisición plena de derechos políticos y sociales de los trabajadores como clase se dio durante el primer peronismo. Esta “ciudadanización” de la clase trabajadora fue el resultado de su incorporación a los mecanismos estatales de representación política, mediada por el movimiento sindical. Sin embargo, estos mecanismos sindicales de integración (representación sindical monopólica basada en el reconocimiento estatal, sistema de fueros sindicales, negociaciones colectivas centralizadas por rama homologadas estatalmente, etc.) tuvieron con posterioridad un funcionamiento intermitente. Así, la acción sindical descansó más sobre su capacidad de presión directa sobre el Estado, que en el funcionamiento de mecanismos rutinizados de negociación. No obstante, la integración de los sindicatos a estos mecanismos fue el eje de una articulación con el Estado que permitió el desarrollo de complejas estructuras burocráticas sindicales. Ahora bien, la crisis del modelo de sustitución de importaciones iniciada a mediados de los 70, enmarcada en la crisis económica mundial y la consecuente reestructuración capitalista, produjo también la crisis de la integración funcional entre sindicatos y Estado en Argentina, basada en un sistema de relaciones laborales que hacía de los resultados de la puja salarial un dato central de cualquier política económica. Esta crisis no fue resuelta inmediatamente, distintos procesos económico-políticos fueron sucediéndose en el marco de distintos intentos de reestructuración del régimen político argentino. El primer gobierno posdictatorial, el de Alfonsín (1983-1989), fue uno de esos intentos. Es de destacar que por primera vez el sindicalismo se enfrentó a un gobierno no peronista elegido por amplia mayoría, en elecciones libres, con una importante base de consenso social, y dispuesto a cambiar las anteriores lógicas de relación entre poderes corporativos, intentando un nuevo “contrato social”. Sostendremos, entonces, que para 1983 no se habían reformulado los mecanismos de internalización e institucionalización de los conflictos sociales, particularmente el sindical, por lo que lo que el nuevo gobierno tuvo que encarar un proceso de reconstrucción del régimen político. Entendemos por régimen político al entramado institucional que permite la canalización de los conflictos sociales y que, por lo tanto, condensa relaciones de fuerza sociales. Dicha canalización es posible por medio de estructuras de mediación política en las que los distintos sectores sociales están representados por aparatos burocráticos especializados (partidos, sindicatos, etc.) que articulan coaliciones políticas. Nuestro trabajo intentará sintetizar un marco conceptual de interpretación de las capacidades estatales de intervención en esta reconstrucción del régimen político, atendiendo a los límites y posibilidades de acción con que la coyuntura económica y política lo constriñe y lo potencia. Este marco conceptual servirá para orientar teóricamente los interrogantes de investigación sobre las coyunturas concretas en los que el gobierno alfonsinista intentó orientar desde el Estado la reconstrucción del régimen político argentino.