En este trabajo nos proponemos profundizar una línea de investigación que venimos desarrollando[1], en el que más que criticar determinadas políticas del Estado intentamos aportar a una crítica del Estado y de la política como formas sociales, es decir, como modos determinados de mediar las relaciones sociales (Heinrich, 2008). Esas relaciones sociales son especialmente atravesadas por el antagonismo central entre capital y trabajo, por lo que son relaciones de producción capitalistas, que en nuestros contextos latinoamericanos adquieren el carácter histórico de ofensiva extractivista (Seoane, 2012) por parte del capitalismo en su fase neoliberal. A partir de la superposición y combinación del incremento de la explotación en la relación salarial y de la acumulación por despojo, esta ofensiva despliega formas concretas del tríptico del capital: despojo, violencia y dominación (Roux, 2008). Ante esta avanzada surgen luchas territoriales que enfrentan y resisten desde la organización colectiva. Pero también se redefinen las modalidades de intervención del Estado como sistema de dominación política (Jessop, 1980). Bajo discursos y prácticas que aparentan cierto progresismo, algunos gobiernos en América Latina paradójicamente avalan, promueven y en algunos casos directamente encabezan proyectos de extracción, expoliación y saqueo de los territorios. En el norte de la región patagónica estos conflictos se profundizaron en los últimos años del kirchnerismo, en la medida que se agudizó el impacto de la actividad hidrocarburífera (Pérez Roig, 2015) y de la megaminería. Analizar las dimensiones de este impacto nos permitirá problematizar las raíces de los conflictos territoriales, tanto en sus efectos directos: el despojo y aniquilamiento de las condiciones materiales para la autodeterminación territorial de comunidades mapuches, y la contaminación y destrucción de la diversidad ambiental; como en sus efectos indirectos y derivados: la especulación inmobiliaria y el consecuente déficit habitacional que sufren miles de familias que toman tierras para acceder a la ciudad. Particularmente nos interesa analizar el carácter criminalizador (Korol y Longo, 2009) que adquiere el modo de intervención del Estado en los conflictos territoriales, entre ellos experiencias de luchas socio-ambientales, de defensa de territorios indígenas y de luchas por tierra y vivienda en la norpatagonia argentina en los últimos años del kirchnerismo (2009-2015). Unos de los interrogantes que guía esta investigación es hasta qué punto el carácter criminalizador del Estado fue un punto de corrosión de la dominación política del bloque en el poder, particularmente de su discurso progresista. Pero al mismo tiempo, nos preguntamos por la naturalización de dicho carácter bajo la actual administración macrista y el consecuente impacto en las luchas territoriales. [1] En el marco de proyectos de investigación y extensión de la Universidad Nacional del Comahue, y como miembro del GT sobre Estado de CLACSO. Se sugiere como descriptor: Procesos progresistas y crisis polìtica.