La denominación Instituto para el órgano central de la estadística pública, más ligada a la práctica de investigación científica que a las formas administrativas tradicionales a la que venía asociado desde fines del siglo XIX (como la de Dirección), surgió de la ley 17.622 sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Onganía. El uso de este nuevo término estaba en línea con las agencias o bureaux de los países capitalistas centrales que, después de la Segunda Guerra Mundial, habían cambiado su denominación a la de institutos como una forma de tomar distancia de la vieja burocracia y ganar cierto estatus científico (Desrosières, 2004). La ley de 1968 estableció en Argentina las bases del sistema estadístico nacional que lo rige hoy, sobre los principios de centralización normativa y descentralización ejecutiva. Esta ley debe ser enmarcada en un contexto de auge del pensamiento desarrollista que colocó como prioridad organizar la estadística pública bajo un modelo sistémico, fortalecer los órganos provinciales de estadística (o incluso crear los aún inexistentes), asignarles una orientación común, y cubrir los vacíos de información. En esta línea, surgia como propósito generar un sistema integrado de indicadores sociales a través de encuestas a hogares, capaces de brindar información en períodos intercensales. Este imperativo logró encarnarse en el programa de investigación en que se convirtió la Encuesta Permanente de Hogares (o EPH) de 1972 en adelante. En el contexto de los años sesenta, en materia de estadística pública, la discusión rondaba en torno a cómo desarrollar un modelo métrico similar al que se había creado para la economía con las cuentas nacionales, pero que fuera capaz de medir el “bienestar social”. El desarrollo de las estadísticas sociales desde el Estado durante esa década y en la siguiente está vinculado a dos procesos que serán analizados en el trabajo. Por un lado, la conformación de las instituciones ligadas a la retórica de la modernización, como el CFI y el CONADE, organismos creados con el fin de asesorar técnicamente a un Estado que profundizaba su papel en la dirección de la economía y que procuraba incidir en el proceso de distribución de la riqueza. Por el otro, la creación de algunas carreras de ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires que se proponían dotar de personal técnico al Estado planificador. Ambos procesos articulados por las trayectorias de jóvenes profesionales (economistas, sociólogos, estadísticos) que conformaron una burocracia técnica especializada y que tuvieron un papel fundamental en motorizar dicho proceso. El trabajo se articula en torno a la pregunta por el lugar de la estadística pública en el planeamiento democrático en un período en el que el Estado había alcanzado legitimidad como órgano responsable de impulsar y planear el desarrollo.